“La democracia debe protegerse como un derecho humano”

Diana Alonso 

El Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública (LEDIP) del ITESO participó en la audiencia pública para discutir un tema cada vez más urgente en la región: la posibilidad de reconocer la democracia como un derecho humano. 

La intervención estuvo a cargo de Marcos del Rosario, coordinador del laboratorio y director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. La discusión surgió desde la solicitud de opinión consultiva presentada por Guatemala, país que pidió a la corte precisar qué responsabilidades tendrían los Estados de considerarse como un derecho autónomo.  

La audiencia, convocada en el marco del período ordinario de sesiones número 187 de la Corte IDH, se dio en un contexto hemisférico marcado por “regresiones institucionales”. Guatemala cuestionó si la democracia debe conceptualizarse como un derecho, puesto que su desprotección repercute en el cumplimiento de otros derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La corte, al abrir este espacio, inició una fase de escucha que reunirá las posiciones de múltiples Estados y organizaciones antes de elaborar una opinión que podría tardar meses y que, aunque no generará obligaciones directas para algunos Estados, tendrá efectos interpretativos de alto impacto en la región. 

“La democracia no debe entenderse solo como un método de acceso al poder, sino también como un derecho condicionante, indispensable para la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de los derechos humanos”, dijo Del Rosario, quien también es director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la universidad. Su afirmación contrastó con las posturas de Estados Unidos y México, que más tarde advirtieron que incorporar la democracia como derecho humano podría generar interpretaciones rígidas o limitar las facultades estatales. 

La presencia del ITESO en la audiencia fue posible gracias al trabajo previo del laboratorio, que presentó un recurso amicus curiae para aportar elementos jurídicos al diálogo. El documento —elaborado por Del Rosario en colaboración con Daniela Bonilla, egresada de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos y Paz—, expuso que aunque la convención americana no contiene un artículo específico sobre democracia, su lectura integral permite comprenderla como un eje estructural del sistema de derechos humanos en el continente. “La democracia en el ámbito interamericano debe ser reconocida como un derecho autónomo […] cuyo deterioro afecta de manera directa la eficacia del conjunto de derechos protegidos por la convención americana”, mencionó Del Rosario.  

En su participación, el laboratorio enfatizó que la democracia no solo organiza la competencia electoral, sino que garantiza el acceso a la justicia, sostiene la separación de poderes y permite la existencia de controles institucionales capaces de frenar excesos. Desde esa perspectiva, el académico insistió en que reducir la democracia a un proceso de votación desconoce que “puede existir legitimidad de origen sin controles efectivos al poder, sin tutela judicial independiente o sin garantías mínimas para el ejercicio de las libertades”. 

La exposición utilizó el caso mexicano como ilustración de los riesgos que enfrenta la región. Del Rosario explicó que fenómenos como la reforma judicial de 2024, la eliminación de órganos autónomos bajo la llamada simplificación orgánica y la discusión de una nueva reforma electoral conforman un patrón de debilitamiento de contrapesos. Añadió que la independencia judicial no puede sustituirse por mecanismos de legitimación política directa, especialmente cuando estos exponen a jueces a presiones provenientes de mayorías circunstanciales. “La división de poderes y la existencia de órganos de control especializados tienen como finalidad impedir la concentración del poder y crear condiciones de supervisión recíproca. […] También requiere instituciones autónomas que garanticen transparencia, competencia, acceso a la información”, añadió.  

El análisis fue acompañado de indicadores empíricos que muestran un deterioro del Estado de Derecho en México. El World Justice Project colocó al país en el lugar 121 de 143 naciones evaluadas en su Rule of Law Index 2025, mientras que Transparencia Internacional lo ubicó en el sitio 141 de 182 países en su Índice de Percepción de la Corrupción 2024. 

Para Del Rosario, los datos no reemplazan la tarea interpretativa de la corte, pero muestran una realidad preocupante: “Cuando el acceso a la justicia es deficiente y la independencia judicial se debilita, el imperio de la ley deja de operar como garantía efectiva para las personas. En ese escenario, la democracia pierde”, señaló.  

La intervención concluyó recordando que la región atraviesa un momento decisivo. La opinión consultiva que emita la corte podría fortalecer los estándares interamericanos para la protección de la democracia y contribuir a frenar procesos de erosión institucional que, de otro modo, quedarían fuera del alcance del sistema. Según la postura del LEDIP del ITESO, reconocerla como derecho aportaría claridad sobre las obligaciones estatales y dotaría al continente de criterios más robustos para enfrentar transformaciones políticas que ponen en riesgo los contrapesos y la vigencia del Estado de Derecho.